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El 14 de febrero del año 2001, el periódico El País publicaba en su sección de Cataluña un artículo titulado "Bilingüísmo y lengua en peligro de extinción", del biólogo Albert Bordons, profesor de la Universitat Rovira i Virgili. El artículo empieza con la consideración de las lenguas "como sistemas biológicos; no genéticos, evidentemente, pero si biológicos culturales" para analizar, a continuación, el riesgo de extinción de las lenguas minoritarias.

La lectura del artículo sugiere que un enfoque multidisciplinar sobre el desarrollo de las lenguas en la sociedad puede enriquecer el debate público existente en nuestro país sobre la cuestión, y complementar los estudios especializados en la materia. En este sentido, el pensamiento económico puede aportar algunas reflexiones de interés, especialmente sobre dos cuestiones centrales de dicho debate: por un lado, ¿cabe hablar de riesgo de extinción de una lengua en el momento actual? y, en segundo lugar, ¿está justificada una intervención de los poderes públicos a favor de una lengua?

Para responder a la primera de las cuestiones enunciadas hay que referirse, de entrada, a la lógica económica que ha dominado tradicionalmente el desarrollo de las economías industriales y, en particular, de las denominadas industrias de la cultura (libro, prensa, cine, televisión, etc.). Según la lógica de las economías de escala, un mayor volumen de producción favorece la reducción del coste medio de los productos. Así, en el desarrollo de dichas actividades, el tamaño de los mercados ha sido y es un factor determinante de crecimiento: a mayor dimensión del mercado, mayores posibilidades de generación de economías de escala. Así pues, las áreas culturales más pobladas y con economías más avanzadas, han conseguido una clara posición de liderazgo en estos sectores de actividad (un claro ejemplo de ello es el dominio de la industria cinematográfica norteamericana en Europa, ya que el mercado interior de los EE.UU. es claramente superior al de los distintos países europeos).

Las lenguas son, entre otros, un importante factor delimitador de la dimensión de los mercados de las industrias culturales. En función del tamaño de cada área cultural existen desiguales posibilidades de rentabilidad económica de las inversiones privadas en estas actividades. Así, por ejemplo, en estos últimos años, las empresas editoriales de libros de Cataluña han obtenido (de promedio anual) unos 12 millones de PTA por título producido en castellano. En cambio, en el caso de la edición en lengua catalana, estas mismas empresas han conseguido un promedio inferior: 4,8 millones de PTA por título (debe destacarse que se hace referencia a uno de los sectores culturales de Cataluña con un mayor volumen de actividad en catalán).
De ello no cabe concluir necesariamente que la edición en catalán no pueda ser económicamente rentable, sino que existe un claro coste de oportunidad de editar libros en lengua catalana, en relación con hacerlo (solamente o también) en lengua castellana. Por lo tanto, en condiciones de libre mercado, parece lógico que las inversiones privadas se decanten a favor de la producción cultural y de conocimientos en la lengua "mayoritaria" (razón que, en parte, explica la actual inexistencia de grandes cadenas privadas de televisión generalista en lengua catalana).

En el momento presente, cabe considerar también un nuevo factor en relación con el tema objeto del presente artículo: el desarrollo de redes en las economías más avanzadas. Mientras la vieja sociedad industrial estaba dominada por la ya comentada lógica de las economías de escala, la "nueva" sociedad de la información está impulsada, asimismo, por la economía de redes. Este hecho lleva consigo profundas transformaciones en las formas de funcionamiento de los mercados, que parecen incidir directamente sobre el uso de las lenguas en el mundo.

Una de las características fundamentales de las economías interconectadas (en palabras de Carl Shapiro y Hal R. Varian, ambos profesores de la Universidad de California - Berkeley y dos de los economistas que han abordado con mayor brillantez el tema) es que "tanto si se trata de redes reales como virtuales (…), el valor de conectarse a las mismas depende de cuantas otras personas estén ya conectadas a ellas". Dicho de otro modo, a mayor número de usuarios que consumen un mismo bien en las economías de red, mayor es la utilidad que obtiene cada uno de ellos (en este caso, se afirma, en términos económicos, que existen externalidades de red positivas).

Existen muchos y diversos tipos de red. Por un lado, hay las redes propiamente físicas como el teléfono, el fax, Internet, etc. Pero también existen las redes "virtuales" como los usuarios de un mismo software informático, o los usuarios de una misma lengua (que es un componente clave del "software" de comunicación). Un ejemplo que ilustra claramente la importancia de los efectos de las economías de red es la rápida valorización económica conseguida en los mercados por el software de Microsoft.

La existencia de los efectos red tiene, entre otras, una consecuencia de gran trascendencia: el impulso de un proceso de "estandarización" de los distintos componentes que integran el sistema de productos (es decir, la propia red). En este contexto, dos cuestiones caracterizan específicamente el desarrollo de los procesos de estandarización. Por un lado, se generan fácilmente situaciones de "anclaje" ("lock-in"), o de captura de los mercados por parte de una determinada opción tecnológica (léase también de una lengua), ya que el cambio de una tecnología (y de una lengua) a otra es en general muy costoso para sus usuarios. Por otro lado, la estandarización es un proceso que tiende a fortalecer al más fuerte y, paralelamente, a debilitar al más débil. "Hay un lado malo en esta fuerza económica": ante el deseo de los consumidores por utilizar la tecnología que suponen que acabará imponiéndose como estándar, el éxito engendra más éxito a favor de la opción tecnológica "ganadora" (en términos económicos, esta situación se da por la existencia de unos rendimientos crecientes de escala del lado de la demanda).
En este escenario, puede afirmarse que el valor de una lengua -considerada como un componente del software de las redes de comunicación- se establecerá principalmente según la cantidad de usuarios que ésta tenga (ya que de ello depende la utilidad que puedan obtener las personas que la hablan, leen y escriben). Como consecuencia de ello, puede apreciarse un proceso de expansión en el mundo de las lenguas que están en mejor posición para convertirse en estándares de comunicación a gran escala. El rápido aumento del aprendizaje y del uso del inglés en el mundo constituyen el ejemplo equivalente al del software de Microsoft citado anteriormente (recuérdese que hasta hace unos pocos años, la lengua extranjera más estudiada en España era el francés, situación que ha cambiado en poco tiempo a favor del inglés).

Por lo tanto, desde una perspectiva económica, puede concluirse que las diferentes lenguas del mundo tienen desiguales posibilidades de crecimiento, supervivencia, extinción, etc.. La situación descrita favorece la aparición de oportunidades de expansión de las lenguas mayoritarias y, al mismo tiempo, de nuevas amenazas para la supervivencia de las lenguas minoritarias. Reflejo de ello es la diferente orientación del debate de la política lingüística en relación con el castellano y el catalán: en el primer caso, el debate se centra en las medidas de promoción del castellano en el mundo, mientras que en el segundo caso preocupa la búsqueda de los instrumentos que permitan reducir el riesgo de extinción de la lengua catalana.

Llegados a este punto, puede abordarse la segunda de las cuestiones planteadas al inicio del presente artículo: es decir, en qué medida las acciones a desarrollar en favor de las lenguas minoritarias requieren de una intervención pública. La respuesta a esta pregunta también encuentra algunas reflexiones de interés en la economía.

Por un lado, hay que señalar que los efectos negativos que generan las economías de red sobre las lenguas minoritarias difícilmente pueden corregirse en condiciones de libre mercado. Las dificultades de "internalizar" los efectos de red en el mercado son, pues, una justificación de la intervención de los poderes públicos a favor de las lenguas minoritarias.

Por otro lado, también hay que considerar que el valor de las lenguas en el mercado se determina fundamentalmente en función de su naturaleza instrumental, es decir, según su utilidad como herramientas de comunicación. Sin embargo, todas las lenguas incorporan otros valores de naturaleza sobretodo simbólica (como los valores de legado, de identidad colectiva, etc.), que no quedan reflejados (o lo están de forma defectuosa) en la valoración que el mercado hace de ellas. Se trata, pues, de una situación de "fallo" del mercado que para ser corregida requiere, asimismo, de una intervención de los poderes públicos.

Sin embargo, además de los argumentos que se acaban de indicar, hay que tener en cuenta que cualquier intervención pública debe legitimarse políticamente. Así, una acción gubernamental a favor de una lengua precisa de un marco institucional que permita a una comunidad lingüística -a través de sus legítimos representantes -, decidir sobre la orientación de las políticas a promover respecto de la lengua propia.

Para una lengua minoritaria como el catalán, la aprobación de la Constitución Española de 1978 y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, supuso un profundo cambio en este sentido. Después de largos años de prohibición, se configuró un marco institucional que ha posibilitado la puesta en práctica de medidas de protección y fomento de la lengua propia de Cataluña (marco político que no existe para muchas otras comunidades lingüísticas minoritarias sin estado -o sin poder político-, que ven seriamente amenazada su supervivencia en el futuro).

No obstante, se constata que las políticas en el ámbito de la lengua tienen distintos efectos según la realidad lingüística de cada territorio. En las sociedades monolingües, una política proteccionista puede incidir negativamente en las relaciones con agentes del exterior, pero sus efectos son generalmente bien aceptados en el interior por parte de sus ciudadanos. Por ejemplo, la ley de 1994 relativa al uso de la lengua francesa dispone que el francés es el idioma de enseñanza, de trabajo, de los intercambios y de los servicios públicos; o la misma Constitución Española establece el deber de conocer y el derecho de usar el castellano por parte de todos los españoles. Este tipo de disposiciones legales no plantean ningún tipo de conflicto en las áreas monolingües de ambos estados.

En cambio, en los territorios bilingües, los efectos de una política lingüística a favor de "una" de las lenguas tiene generalmente efectos directos sobre el uso de la "otra" en el interior de la misma sociedad (ya sea por parte de los residentes en el propio territorio, como por parte de aquellas personas que eventualmente se encuentran en él -estudiantes, trabajadores y directivos de empresas, etc.-). La intensidad de estos efectos está directamente relacionada con el grado de proteccionismo y fomento de la lengua minoritaria: por un lado, a mayor grado de intervención a favor de ésta, mayores serán los efectos sobre el uso de la "otra" lengua, y viceversa. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, cuanto menor sea el grado de proteccionismo y fomento de la lengua minoritaria, menor será su impacto social y, por lo tanto, más difícilmente se corregirán los "fallos" del mercado señalados anteriormente.

En consecuencia, todo parece indicar que el problema central de la cuestión no reside tanto en la justificación de una intervención pública en el campo lingüístico, sino en su aplicación en las sociedades bilingües.

La complejidad del diseño de una política lingüística en un escenario de cohabitación lingüística se manifiesta claramente en el caso de Cataluña. Ciertamente, la aprobación de la Constitución y del Estatuto era una condición "necesaria" para el desarrollo del catalán, pero no una condición "suficiente". Desde una perspectiva sociológica, la situación en esta comunidad se caracteriza todavía hoy por un desigual grado de conocimiento y uso de ambas lenguas: todos los ciudadanos que tienen el catalán como lengua materna "conocen" y "utilizan" el castellano y, en cambio, hay una parte de la población que solamente "sabe" el castellano. En otras palabras, el catalán no se encuentra en condiciones de igualdad ("normalidad"). Además, hay una superior presencia del castellano respecto al catalán en muchos ámbitos: en los medios de comunicación, en muchas de las actividades de la esfera del negocio privado, en determinados ámbitos de la administración, etc.

Ante esta situación, la vía más razonable de solución parece ser aquella que se basa en el máximo consenso colectivo para no romper la convivencia en la sociedad, y en la capacidad de innovación para la búsqueda de las soluciones "mejores" (o, al menos, las "menos malas") para conseguir la compatibilidad entre ambas lenguas. Es necesario preservar y dinamizar el catalán, pero también hay que tener en cuenta que actualmente el castellano es una lengua usada por una parte importante de los habitantes de Cataluña, y que integra al conjunto de sus ciudadanos a una de las comunidades lingüísticas de mayor dimensión en el mundo, y con unas grandes expectativas de expansión en el futuro. Este hecho puede contribuir al desarrollo de las industrias culturales del país (y, por extensión, también de éstas en lengua catalana), facilita la conexión de la sociedad y la economía catalanas con la "red" internacional, etc.

Sobre esta base, un debate centrado específicamente en las medidas a aplicar en cada uno de los distintos usos de una lengua (relaciones privadas, sistema de enseñanza, medios de comunicación, etc.), puede contribuir a abrir el camino para el desarrollo compatible de ambas lenguas. Por ejemplo, con la reducción de los costes de pasar de una lengua a otra (mediante el aprendizaje de las dos lenguas, el desarrollo de la ingeniería lingüística, etc.), con el arbitrio de soluciones concretas para situaciones de carácter específico (como la presencia de alumnos que sólo asisten eventualmente a los centros de enseñanza de Cataluña), etc.

Por el contrario, planteamientos extremos como aquellos que cuestionan la existencia de la lengua castellana en Cataluña, o los que niegan de forma global una discriminación positiva de la acción pública en favor del catalán, difícilmente proporcionarán soluciones a los problemas existentes y, al mismo tiempo, serán muy probablemente generadores de conflictos sociales.

Sin duda, la vía de solución basada en el máximo consenso colectivo y en la capacidad de innovación ha sido la opción apoyada mayoritariamente por parte de la sociedad catalana hasta el momento. En la medida que esta opción mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña sea compartida por parte del resto de los ciudadanos de España, serán mejores las condiciones de convivencia y de solución del problema. Por un lado, desde el reconocimiento que el catalán forma parte del patrimonio cultural de la humanidad -no sólo de los catalanes-, y que la política lingüística a favor de esta lengua no se justifica por razón de un victimismo heredado del pasado, sino por la necesidad de fomentar la existencia de las condiciones necesarias y suficientes para la supervivencia de esta lengua en el futuro. Por otro lado, desde el reconocimiento que el castellano es un activo cultural de los catalanes -como lo es del conjunto de la humanidad- que tiene un papel decisivo para el desarrollo y proyección exterior de la sociedad catalana en su conjunto.

Si no se quiebra el espíritu de convivencia y de innovación, podrá avanzarse en el diseño de soluciones que, si resultan eficaces, podrán ser un referente de gran interés para la resolución de algunos de los importantes retos que se plantean en una sociedad con una dimensión multicultural cada vez más acentuada y compleja.

Ezequiel Baró - BCF Consultors y Profesor de la Universitat de Barcelona
Xavier Cubeles - BCF Consultors y Profesor de la Universitat Pompeu Fabra